| Si eres una de las 70.000 personas cuya edad se encuentra entre los 30 y
los 45 años, has agotado tu prestación de desempleo, tus ingresos no
superan el 75% del salario mínimo interprofesional y no tienes cargas
familiares vete encomendando a quien puedas, porque ni siquiera tendrás
derecho a la ayuda de 426 euros que acaba de prorrogar el gobierno por
otros seis meses. En efecto, en absoluta consonancia con su retórica
fervientemente socialista y defensora a ultranza de los derechos
sociales y de la clase trabajadora, el
ministro de Trabajo ha anunciado, sin que nadie sepa por qué, que esas
70.000 personas, simplemente por el hecho de tener entre 30 y 45 años,
no tendrán derecho a la misérrima ayuda de 436 euros mensuales durante 6
meses. La cuestión tiene sus bemoles. ¿Podría el ministro
explicar qué diferencia la situación de una persona en la que confluyen
todos esos requisitos pero que sólo tiene 28 años de una que tenga 32 o
de una que tenga 43 años con respecto a una con 47? ¿Qué razón objetiva
puede justificar una medida así? ¿Qué maravillosa capacidad se le
reconoce a los hombres y mujeres de ese abanico de edad, de los 30 a los
45 años, para que se les excluya de esa ayuda? ¿Tal vez la de haber
aprendido a vivir del aire? ¿O es que se supone que sus padres aún deben
seguir vivos y, por tanto, pueden volver al hogar para pasar a vivir de
las pensiones, por otro lado tan generosas, con las que malviven sus
progenitores? ¿Es que porque no tienen cargas familiares por lo que ya
no necesitan alimentarse, vestirse, pagar el alquiler o tomarse una
cerveza? Quieras que no, aunque sólo fuera para aparentar que
vivimos en una sociedad democrática y las decisiones del gobierno
obedecen a alguna causa razonable que, a su vez, debiera ser justificada
ante la ciudadanía, el ministro tendría que dar alguna explicación de
por qué se ha excluido de la ayuda a esa cohorte etaria. Es lo menos que
se puede despachar en una democracia. Tenía que haberse sentado ante
los medios de comunicación y explicarles que no se les va a conceder la
ayuda a esas personas porque no le da la gana a él; o porque tiene
pruebas de que todas esas personas trabajan en el mercado negro y no
necesitan la ayuda; o porque sabe de buena tinta que se la van a gastar
en vino o en ansiolíticos… Por lo que sea, pero que lo explique y
justifique. Porque, en caso contrario, bien podría parecer que o
se ha adoptado por mero capricho o, lo que podría ser aún peor para la
imagen de este gobierno "socialista”, que la decisión se toma para
ahorrarse los 100 millones de euros que la misma le supondría a las
arcas públicas. Espero que ninguno de vosotros esté pensando tan
mal de un gobierno que no cesa de repetir su compromiso con las
políticas sociales. Alguna razón profunda tiene que haber para que este
gobierno deje desamparado a un colectivo tan vulnerable como es,
precisamente, el de personas que no se encuentran trabajando y han
agotado su prestación por desempleo, candidatos perfectos a una
situación de excluidos sociales en donde es fácil entrar pero de donde
resulta muy complicado salir. Sería excesivamente cruel pensar que se
pone en riesgo de exclusión social a 70.000 personas simplemente por
ahorrarse 100 millones de euros en estos seis meses, ¿verdad? Máxime sabiendo que, por ejemplo, el rescate de Caja Castilla La Mancha le está costando a las arcas públicas más de 2.000 millones de euros,
es decir, el equivalente a prorrogarles la ayuda a estas personas
durante 10 años o, lo que es lo mismo, a duplicarles el importe
reduciendo la duración de la prestación a 5 años (eso siempre que
ninguno llegue a incorporarse al mercado de trabajo, claro está). Sí,
dejad de pensar mal y no tengáis en cuenta las declaraciones del
Secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, cuando hace unos
días afirmaba que el objetivo de reducir el déficit público al 6% en
2011 es "incondicional” y "no depende de la evolución del cuadro
macroeconómico” (por cierto, este pasado fin de semana Sarkozy ha hecho unas declaraciones idénticas a las de Campa
así que, una de dos, o Campa se ha vuelto conservador o Sarkozy se ha
hecho "rojillo”, pero ambas cosas a la vez no pueden ser). Eso significa
que nuestro gobierno está decidido a rebajar el déficit cueste lo que
cueste y si ello implica sacrificar a 70.000 desempleados sin prestación
a los que se les niega esta mísera ayuda bien empleado estará
(disculpad el macabro juego de palabras). Cuesta seguir con la ironía ante esta muestra de violencia social instrumentada desde el gobierno. No
es ya que un ministro diga una cosa y salga otro al día siguiente y
diga la contraria; no es ya que se llamen socialistas y practiquen las
mismas políticas con los conservadores; no es que dancen al compás del
capricho de los mercados financieros olvidando cuál es la fuente de
legitimidad de su poder. No, no es sólo eso; que también. Es la
violencia que implica dejar desatendido a quien carece de cualquier
atención sabiendo que, en su gran mayoría, acabarán integrando la masa
de excluidos sociales de este país. Es la insensibilidad social ante los
más desfavorecidos, la prepotencia chulesca ante la parte de la
ciudadanía más débil y frente a la que se adoptan medidas que les
perjudican más que gravemente sin explicarlas siquiera mientras que se
deshacen en explicaciones, excusas y evasivas para evitar un aumento de
los impuestos a las personas con más renta de este país y ahí sí que con
la mera alusión a la justicia social sobrarían ya todas las
explicaciones. Pero es que, además, con esta medida este gobierno está olvidando dos cosas esenciales. La
primera es que el déficit público no debe ser nunca un objetivo de
política económica en sí mismo, sino que es el resultado contable de la
utilización de las dos vertientes de la política fiscal: los gastos y
los ingresos públicos. Por lo tanto, dejar de gastar 100 millones de
euros en una ayuda social que no da siquiera para sobrevivir dignamente a
un ciudadano porque hay que recortar el déficit público es olvidar que
detrás de esos 100 millones de euros hay 70.000 personas que carecen de
cualquier otra fuente de ingresos propia. Ellos y la mejora de su
situación deben ser el objetivo a tener en cuenta y no sólo el déficit
público. Y la segunda es que el Estado de bienestar surgió para
superar las situaciones de caridad y para convertir la solidaridad en el
fundamento que permitiera dar cuerpo a un conjunto creciente de
derechos sociales. Sin embargo, con esta medida fuerzan a miles de
personas a depender de sus familias cuando debieran estar sosteniéndolas
y, en el peor de los casos, a retornar a la caridad y a la humillación
de suplicar por la subsistencia. Si el Estado de bienestar
trataba de desmercantilizar la supervivencia del ser humano dotándolo de
bienes sociales básicos y de una red de protección contra los riesgos
sociales, con esta decisión se obliga a estas personas a lanzarse
desesperadas a aceptar cualquier trabajo, ya sea formal o informal, para
poder percibir algún ingreso; las arroja a la ley de la selva que, en
nuestras sociedades, es la ley del mercado para que en él busquen cómo
hacer frente al desamparo en el que los ha abandonado el Estado. Bonita tarea para un ministerio que se dice de Trabajo de un gobierno que se dice socialista. Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía.
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