Hace 25 años se produjo la entrada de España y Portugal
en la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) y se llevó a cabo
la segunda modernización de la economía y la política: desmantelamiento
de sectores estratégicos industriales (minería, astilleros, flota
pesquera, acero, etc.) y final de un modelo agrario con capacidad y
posibilidades de garantizar la soberanía alimentaria.
Entonces se liberalizaron los mercados de telecomunicaciones, energía y
banca, es decir, aquello gestionado por lo público. Necesidades sociales
como la comunicación, la financiación pública para vivienda o el modelo
energético, perdieron la consideración de esenciales y públicas y
fueron convertidas en bienes escasos para demanda solvente, hoy
redenominadas servicios de interés general.
El modelo de relaciones laborales, capital-trabajo, en
su vertiente de mercado de trabajo, contratos, empleos, condiciones
laborales y en sus prestaciones sociales, desempleo y pensiones, se
liberalizó en todos sus recorridos. Así, se entra al empleo desde la
temporalidad, el contrato frágil y precario. Se permanece en el empleo
desde la disponibilidad flexible en función de la demanda (jornada,
horarios, sistemas retributivos) y se sale del empleo por la simple
voluntad empresarial. Y cuando se necesitan prestaciones de desempleo o
pensión de jubilación, éstas devienen mermadas en su cantidad y se han
visto agravados los requisitos necesarios para tener derecho a las
mismas. A la vez se constituyó un modelo de gestión social donde
sindicatos mayoritarios e izquierda salieron a la cancha jugando en el
mismo equipo, el de la modernización de "España”.
Hoy, 25 años después, los actores son los mismos y las
coyunturas globales y "patrias” un poco distintas, debido a sus crisis
sistémicas, reales e inventadas. Hoy los "jefes de todo esto” –capital
financiero, multinacionales y organismos del (des)orden mundial
político–, han decidido que el partido sigue, visto que al personal
(clases asalariadas, ciudadanía en general) le va "la marcha” del
desempleo, de la precariedad, de la mala vida, etc. Las figuras
sindicales y de la izquierda, no saben, no pueden o no quieren dejar de
jugar en el equipo "ganador”, con la salvedad de que ahora son echados a
tercera regional actores incómodos.
Falta de legitimidad
Ni CC OO, ni UGT, ni una gran parte de la izquierda
española, al igual que la Confederación Europea de Sindicatos, tienen
legitimidad para convertir la crisis social en un conflicto político,
indispensable para dar una oportunidad a otras formas de vivir y
relacionarnos. Conscientes de ello, el PSOE, la parafernalia política
electoral y el empresariado, apuestan por la tercera modernización de
"España”.
En este contexto social y político, la propuesta de
Reforma Laboral (RL), como está planteada y como se nos impondrá
(huelgas generales de oficio como las del 29-S aparte), conlleva en sí
misma la dictadura contractual empresarial.
La violencia sobrepasa cualquier regla democrática: la
voluntad de disposición de la mano de obra por parte empresarial de
manera unilateral, en todo el recorrido del contrato, elimina cualquier
posibilidad de contrapoder obrero. No sólo se les subvencionan los
contratos, sino que cualquier regulación durante la prestación del
trabajo carece de un mínimo contrapoder, pues vacía de cualquier
libertad o derecho al trabajador en el control de la organización del
trabajo. Quizás, a estas alturas, decir que se abarata el precio del
despido, lo que es cierto, no deja de ser sino una consecuencia más del
origen del problema, la libertad absoluta por parte del capital para
dominar el trabajo.
Éste es el problema político central de la RL: se terminó la capacidad
obrera sindical de ejercitar la posibilidad de defender los derechos
sociales y por lo tanto laborales, al escorar la balanza "democrática”
hacia el mercado libre.
Desde CGT trabajamos desde hace años por otro modelo de
relaciones laborales y sociales, donde el trabajador sea quien
comparezca en la política, que autogestione en cooperación con los
millones de asalariados su vida, sus empleos, sus condiciones de
trabajo. Sólo el conflicto social posibilita un modelo productivo, de
consumo y relacional, que abra alguna posibilidad de organizarnos sobre
otras bases sociales, donde la vida buena sea posible para todos y
todas.
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